PHOENIX – Attorney General Kris Mayes and the FTC are taking action against Arizona-based Coulter Motor Company for engaging in a wide array of practices that harm consumers, from deceptive online vehicle pricing to charging Latino car buyers more in interest and add-on products. Coulter, along with its former general manager, Gregory Depaola, will pay $2.6 million to settle the lawsuit, most of which will go to provide refunds to consumers harmed by defendants’ allegedly unlawful actions.
In the complaint announced today, the FTC and State of Arizona allege that Coulter which operates Coulter Cadillac Tempe and Tempe Buick GMC, along with Depaola, regularly charged consumers for unwanted add-ons that consumers never agreed to pay and other bogus fees. A survey of consumers who purchased or leased cars from Coulter found that 92 percent of the consumers surveyed were charged for at least one add-on without their authorization, or that they thought was required.
“Coulter’s deceptive and discriminatory practices are unacceptable,” said Attorney General Mayes. “Arizonans should be able to buy a car without being misled or charged more because they are Latino. My office will not tolerate this kind of predatory behavior, and we will do everything we can to stop these unfair practices and protect Arizona consumers.”
“Coulter used junk fees and other illegal tactics to drive up prices for consumers, especially Latino consumers,” said Samuel Levine, Director of the FTC’s Bureau of Consumer Protection. “The FTC will continue cracking down on practices that drive up prices, cheat consumers, and undercut honest sellers.”
According to the complaint, Coulter advertised prices for cars online at significant discounts under the cars’ suggested retail prices, in many cases thousands of dollars less, leading consumers to think they could purchase the advertised car for that advertised amount. Consumers complained that when they arrived at the dealership, they were told the advertised price was not available. Instead, the dealership added hundreds or thousands of dollars more than the advertised price in a so-called “market adjustment,” supposed add-ons that were pre-installed on the car, and other miscellaneous fees.
The add-ons included items like vehicle identification number etching, window tinting, nitrogen-filled tires, and theft recovery services – items that Coulter would deceptively tell consumers were required to purchase the car. The complaint alleges that in some cases, Coulter charged consumers twice for the same add-ons, once individually and again as part of an add-on “package.”
The complaint also alleges that Coulter discriminated against Latino consumers in vehicle transactions. On average, Latino consumers who shop at Coulter pay nearly $1,200 more in interest and add-on charges than their non-Latino White counterparts. These increased costs come in the form of higher interest rate markups on financing, as well as higher charges for various add-on products.
The complaint charges Coulter and Depaola for violations of the FTC Act, the Equal Credit Opportunity Act, and the Arizona Consumer Fraud Act.
Under the terms of the proposed federal court order with the FTC and the State of Arizona, Coulter and Depaola are required to pay a $2.6 million judgment, of which $2.35 million will be used to provide refunds to consumers harmed by their allegedly unlawful actions. The proposed settlement also requires Coulter to establish a comprehensive fair lending program that includes appointing a fair lending officer, conducting employee training, and implementing policies for charging fees and markups.
The Commission vote authorizing the staff to file the complaint and stipulated final order was 5-0. The complaint and stipulated final order were filed in the U.S. District Court for the District of Arizona.
This case was handled for the Arizona Attorney General's Office by Alyse Meislik, Mitchell Allee, and Heather Hamel. The staff attorneys for the FTC on this matter are Sanya Shahrasbi and Brian Berggren of the FTC’s Bureau of Consumer Protection.
If you believe you have been the victim of consumer fraud, you can file a consumer complaint by visiting the Attorney General’s website. If you need a complaint form sent to you, you can contact the Attorney General’s Office in Phoenix at (602) 542-5763, in Tucson at (520) 628-6648, or outside the Phoenix and Tucson metro areas at (800) 352-8431.
Consumers may also file a complaint with the FTC by visiting it's website or by calling (877) 382-4357.
La Procuradora General Mayes y la FTC toman medidas contra Coulter Motor Company por precios engañosos y prácticas discriminatorias
La Oficina de la Procuradora General y la FTC acusaron a un concesionario y a un empleado clave de utilizar precios falsos en línea para atraer a los consumidores, agregar miles de dólares en tarifas basura y cobrarles un extra a los consumidores latinos
Para publicación inmediata: 15 de agosto de 2024
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PHOENIX – La Procuradora General Kris Mayes y la FTC están tomando medidas contra Coulter Motor Company, con sede en Arizona, por participar en una amplia gama de prácticas que perjudican a los consumidores, desde precios engañosos de vehículos en línea hasta cobrar más intereses y productos adicionales a los compradores de automóviles latinos. Coulter, junto con su ex gerente general, Gregory Depaola, pagará $2.6 millones para resolver la demanda, la mayor parte de los cuales se destinarán a proporcionar reembolsos a los consumidores perjudicados por las acciones supuestamente ilegales de los acusados.
En la denuncia anunciada hoy, la FTC y el Estado de Arizona alegan que Coulter, que opera Coulter Cadillac Tempe y Tempe Buick GMC, junto con Depaola, cobraba regularmente a los consumidores por complementos no deseados que los consumidores nunca aceptaron pagar y otros cargos falsos. Una encuesta realizada a consumidores que compraron o alquilaron automóviles de Coulter descubrió que al 92 por ciento de los consumidores encuestados se les cobró por al menos un complemento sin su autorización, o que creían que era necesario.
“Las prácticas engañosas y discriminatorias de Coulter son inaceptables”, dijo la Procuradora General Mayes. “Los arizonenses deberían poder comprar un automóvil sin ser engañados o cobrarles más por ser latinos. Mi oficina no tolerará este tipo de comportamiento depredador y haremos todo lo posible para detener estas prácticas injustas y proteger a los consumidores de Arizona”.
“Coulter utilizó cargos basura y otras tácticas ilegales para aumentar los precios para los consumidores, especialmente los consumidores latinos”, dijo Samuel Levine, Director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC. “La FTC seguirá tomando medidas enérgicas contra las prácticas que aumentan los precios, engañan a los consumidores y perjudican a los vendedores honestos”.
Según la denuncia, Coulter publicitaba los precios de los automoviles en línea con importantes descuentos respecto de los precios de venta sugeridos, en muchos casos miles de dólares menos, lo que hacía pensar a los consumidores que podían comprar el automóvil anunciado por esa cantidad. Los consumidores se quejaron de que cuando llegaron al concesionario, les dijeron que el precio anunciado no estaba disponible. En cambio, el concesionario les añadió cientos o miles de dólares más que el precio anunciado en un supuesto “ajuste de mercado”, supuestos complementos que estaban preinstalados en el coche y otros cargos varios.
Los complementos incluían artículos como el grabado del número de identificación del vehículo, tintado de las ventanas, neumáticos llenos de nitrógeno y servicios de recuperación en caso de robo, artículos que Coulter engañosamente decía a los consumidores que eran necesarios para comprar el automóvil. La denuncia alega que en algunos casos, Coulter cobró a los consumidores dos veces por los mismos complementos, una vez de forma individual y otra como parte de un “paquete” de complementos.
La denuncia también alega que Coulter discriminó a los consumidores latinos en las transacciones de vehículos. En promedio, los consumidores latinos que compran en Coulter pagan casi $1,200 más en intereses y cargos adicionales que sus contrapartes blancas no latinas. Estos costos mayores vienen en forma de mayores márgenes de interés en la financiación, así como cargos más altos por varios productos adicionales.
La denuncia acusa a Coulter y Depaola de violaciones de la Ley de la FTC, la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito y la Ley de Fraude al Consumidor de Arizona.
Según los términos de la orden judicial federal propuesta con la FTC y el Estado de Arizona, Coulter y Depaola deben pagar una sentencia de $2.6 millones, de los cuales $2.35 millones se utilizarán para proporcionar reembolsos a los consumidores perjudicados por sus acciones supuestamente ilegales. El acuerdo propuesto también requiere que Coulter establezca un programa integral de préstamos justos que incluya el nombramiento de un oficial de préstamos justos, la realización de capacitación de los empleados y la implementación de políticas para cobrar tarifas y márgenes.
La Comisión votó por 5-0 para autorizar al personal a presentar la denuncia y la orden final estipulada. La denuncia y la orden final estipulada se presentaron en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona.
Este caso fue manejado por la Oficina de la Procuradora General de Arizona por Alyse Meislik, Mitchell Allee y Heather Hamel. Los abogados del personal de la FTC en este asunto son Sanya Shahrasbi y Brian Berggren de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC.
Si cree que ha sido víctima de fraude al consumidor, puede presentar una denuncia de consumidor visitando el sitio web de la Procuradora General. Si necesita que le envíen un formulario de denuncia, puede comunicarse con la Oficina de la Procuradora General en Phoenix al (602) 542-5763, en Tucson al (520) 628-6648, o fuera de las áreas metropolitanas de Phoenix y Tucson al (800) 352-8431.
Los consumidores también pueden presentar una denuncia ante la FTC visitando el sitio o llamando (877) 382-4357.