(Phoenix, Ariz.) El Procurador General Terry Goddard expidió una Opinión Legal clarificando los programas del estado cubiertos bajo la Proposición 200, la cual fue adoptada por los votantes de Arizona el 2 de noviembre.

Una agencia estatal solicitó la Opinión para clarificar qué “beneficios públicos locales y estatales” están sujetos a los requerimientos de la Proposición 200. La Opinión provee guía a los empleados del Estado, a quienes se les requerirá que hagan cumplir la nueva ley.

El análisis legal concluye que la Proposición 200 será aplicable a programas de bienestar social (welfare) bajo el Título 46 de los Estatutos de Arizona. La nueva ley no será aplicable a los programas federales ni a otros programas específicamente exentos bajo la ley federal. La nueva ley requerirá que las agencias de gobierno estatal y local verifiquen la identidad de los solicitantes de beneficios de bienestar social (welfare), tanto del estado como locales.

Goddard enfatizó que cuando la nueva ley entre en vigor, los requerimientos de verificación de identidad deberán aplicarse a todos los solicitantes.

" Esta Opinión no responde todas las preguntas o asuntos legales provenientes de la Proposición 200. Sin embargo, este es el primer paso proporcionando dirección a los empleados del Estado, y les ayudará a desempeñar sus deberes en cumplimiento con la nueva ley”, dijo Goddard.

El Procurador General tomó en consideración el lenguaje de dicha Proposición, opiniones de los tribunales, estatutos federales de inmigración y bienestar social, y la decisión de los redactores de dicha Proposición colocando al estatuto bajo el Título 46, donde se encuentran las leyes gobernando el bienestar social o “Welfare”.

" Nosotros analizamos el lenguaje básicamente en la misma forma en la que lo haría un tribunal”, dijo Goddard. "Mi trabajo era determinar cómo puede el Estado hacer cumplir la nueva ley en forma tal, que sobreviva retos legales. Nuestra interpretación debe ser lógicamente consistente y no debe estar en conflicto con la Constitución o las leyes
federales."

De acuerdo a la Opinión, la Proposición 200 no es aplicable a AHCCCS o a otros programas que no estén incluidos en el Título 46. Sin embargo, Goddard hizo notar que AHCCCS y otras agencias estatales ya deben estar cumpliendo con el Decreto Federal de Reforma de Bienestar Social de 1996, el cual prohíbe que inmigrantes indocumentados reciban beneficios federales. Sin importar si un programa está sujeto a la Proposición 200, todas las agencias del Estado y locales deben cumplir con esta ley federal. Goddard también hizo notar que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó en 1982 que todos los niños, incluyendo inmigrantes indocumentados, tienen derecho de asistir a las escuelas públicas desde el Kindergarten hasta el 12º grado.

La Proposición 200 no se convertirá en ley sino hasta que la Gobernadora emita una proclamación certificando el escrutinio de la Secretaria del Estado. El escrutinio se llevará a cabo el 22 de noviembre, y la proclamación de la Gobernadora será emitida después de dicha fecha. Goddard hizo notar que grupos externos en ambos lados del asunto, han indicado que planean entablar una demanda.

" En última instancia, la interpretación de la Proposición 200 será determinada por un tribunal de justicia. Esta Opinión proveerá guía a los empleados del Estado hasta que un tribunal tome la decisión final”, él declaró.

La porción relacionada con la votación en la Proposición 200 no podrá ser implementada sino hasta que haya sido preaprobada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La oficina de Goddard está preparando un paquete solicitando la pre-aprobación, el cual será enviado a Washington.

El Departamento de Justicia analizará la Proposición para determinar si cumple con el Decreto de Derechos Electorales. El Decreto prohíbe cualquier cambio a los procedimientos electorales que impacte adversamente los derechos electorales de las minorías.